MDRyT – INSA La Paz, enero de 2020.- El Gobierno del Estado viene apoyando la gestión integral del riesgo (Ley 602) con programas del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras que están orientados a la transferencia de tecnología a través del INIAF y el CRIAR, también al fortalecimiento de capacidades de resiliencia del sector agropecuario a través de los programas ACCESOS, EMPODERAR e IPDSA, y el Instituto del Seguro Agrario INSA como un engranaje más de esta compleja y efectiva estructura de apoyo al productor de alimentos en Bolivia.
La Gestión Integral de Riesgos, es el proceso de planificación ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas, proyectos y acciones permanentes para la reducción de los factores de riesgos y el manejo de situaciones de prevención, atención durante la emergencia y posterior recuperación, rehabilitación y reconstrucción, de daños.
El Instituto de Seguro Agrario INSA precautela la seguridad alimentaria de los productores que pierden sus cultivos, motiva la siembra renovada de cultivos pese a la pérdida anterior, apoya los medios de subsistencia para reducir la migración y la desagregación familiar, en suma, fortalece las fuerzas productivas que abastece de alimentos a las familias bolivianas.
A nivel internacional Bolivia es el país que ha desarrollado esta experiencia de seguro agrario para agricultura familiar a través de la administración directa, desarrollando conocimientos, estrategias y estadísticas reales de la siniestralidad en agricultura familiar. En ese marco el INSA, paulatinamente se ha convertido en referente internacional, así lo confirman las apreciaciones de funcionarios públicos de Argentina y Paraguay que han visitado el país para conocer más sobre este modelo, único en Sud América.
La cobertura del Seguro Agrario alcanza a once cultivos considerados básicos dentro la seguridad alimentaria: papa, haba, maíz, trigo, quinua, cebada, avena, frejol, alfalfa, yuca y arveja, protegiéndolos contra eventos climáticos como sequía, helada, granizo e inundación. Cada familia agricultora puede registrar hasta tres hectáreas de cultivos y, en caso de siniestro, se beneficiada con Bs. 1.000 por hectárea perdida o severamente dañada. El pago de indemnización se realiza en actos públicos y en presencia de autoridades nacionales y locales, brindando de esa manera transparencia en la actividad.
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